El tratamiento del derecho a la objeción de conciencia en la Ley de Eutanasia.

 

José Antonio Díez Fernández

Profesor de Derecho en la Universidad Internacional de La Rioja

Coordinador General de ANDOC

 

Enviado: 24 de junio de 2021

Aceptado: 5 de julio de 2021

Publicado: 25 de julio de 2021

 

 

El creciente bien del mundo depende en parte de actos no históricos; que a ti y a mí las cosas no nos vayan tan mal como podrían haber ido, se debe en parte al número de los que vivieron fielmente una vida oculta, y descansan en tumbas no visitadas. (George Elliot)

 

Inicio estas líneas con la conocida frase de la rebelde y feminista poetisa inglesa, que utilizará el director de cine T. Malick como epílogo a su película “A Hidden Life” (Vida oculta, en español). El film relata la hasta hace poco, desconocida historia del campesino austriaco Franz Jägerstätter que pagó con su vida su rechazo a jurar ciega obediencia al nazismo, y pienso que puede servir de punto de reflexión para tratar del modo en que la recién aprobada ley de la eutanasia, desafía un modelo de ética médica vigente desde hace 25 siglos. Evidentemente, esta ley no busca acabar directamente con la objeción de conciencia (sería demasiado fuerte, al menos, al principio), pero sí se nutre de una lógica moral y jurídica destinada ineludiblemente a convertir la ética médica en algo irrelevante, abocando a un cada vez más reducido número de médicos a recluirse en una pequeña reserva donde estarán asépticamente señalados y perfectamente vigilados, en previsión de que extiendan el peligroso virus de la disidencia a otros colegas y a la sociedad en general.

Desde el Juramento hipocrático (s. IV – V a C) hasta hoy, la profesión médica se ha opuesto firmemente a la eutanasia. El rechazo a esta práctica es una constante en las declaraciones de las instituciones médicas internacionales. Es el caso de la Asociación Médica Mundial (AMM), creada en 1946, coincidiendo con la Declaración de Nuremberg[1]. En la reciente Declaración de Tiflis (Georgia) la AMM reafirmó su firme convencimiento de que la eutanasia entra en conflicto con los principios éticos básicos de la práctica médica (…) e insta a todas las asociaciones médicas nacionales y los médicos a no participar en la eutanasia, incluso si está permitida por la legislación nacional o despenalizada bajo ciertas condiciones. La declaración es breve y meridianamente clara: “Ningún médico, añade, debe ser obligado a participar en eutanasia o suicidio con ayuda médica, ni tampoco debe ser obligado a derivar un paciente con este objetivo”[2]

En nuestros días, hay varias líneas de fuerza que confluyen en cómo afrontar eutanasia:

  • Miedo al dolor.
  • Miedo a la muerte (tabú) que es entendida como algo innombrable, un fallo que hay que reparar.
  • Entronización del derecho incondicionado a una libertad autónoma. En lenguaje de los partidarios, el derecho a la vida no conlleva el deber de seguir viviendo, si no se desea, unido al emotivismo ético. Aparentemente el derecho a una libertad autónoma irrestricta (no solo en este campo) parece gozar de una fortaleza y de una certeza indiscutible, de modo que quienes disienten se colocan en el “lado equivocado de la historia”.

Antes de entrar en el análisis del tratamiento que da la ley al derecho a la objeción de conciencia, creo oportuno avanzar tres presupuestos previos, aun a sabiendas que no son del todo compartidos:

1º La eutanasia no es un acto médico: puede ser un acto legal, sanitario, o de un médico en particular. La misma definición de acto médico recogida en el Código de Ética Médica es clara en este sentido (art. 7.1)[3].

2º El concepto de “eutanasia” y el de “muerte digna” no se pueden identificar sin más.

3º La objeción de conciencia ha sido un valor constantemente custodiado y defendido por las profesiones sanitarias. La inmensa mayoría de los códigos deontológicos occidentales, coinciden en señalar que la objeción “es un signo de madurez cívica y de progreso moral y político, las sociedades modernas aceptan el gesto de la objeción pacífica, sin tomar represalias o ejercer discriminaciones contra el objetor”[4].

La ley de eutanasia excluye la objeción de conciencia del contenido orgánico del resto de la ley; lo que da a entender que el legislador no lo considera un derecho fundamental, sino necesitado de regulación legal. El art. 16 regula la objeción de conciencia en idénticos términos a los de la ley del aborto de 2010: propone un concepto, y establece unos requisitos que, al menos en apariencia, dejan poco lugar a la interpretación. Debe hacerse, de modo individual, por escrito y con carácter previo a la acción eutanásica; obliga, además, a comunicar la objeción para que conste en un registro público destinado al efecto.

Pese a ese reconocimiento, no debe ignorarse que el hecho de la incorporación a nuestro ordenamiento de un nuevo derecho fundamental -el derecho a solicitar y recibir ayuda para morir, el derecho a la muerte- trae como consecuencia, en pura lógica constitucional, que el profesional que lo rechace incurrirá presuntamente en el delito de denegación de un derecho fundamental. De la lectura del texto se deduce a nuestro juicio, que aboga por una interpretación restrictiva de la objeción de conciencia, destinada a evitar cualquier tipo de obstáculo a la realización de la eutanasia o de la prestación de ayuda a morir. El art. 16, además de limitar el ejercicio de la objeción a los profesionales llamados a intervenir directamente, obliga a inscribirse posteriormente en un registro “que tendrá por objeto facilitar la necesaria información a la administración sanitaria para que esta pueda garantizar una adecuada gestión de la prestación de ayuda para morir. El registro se someterá al principio de estricta confidencialidad y a la normativa de protección de datos de carácter personal”. El legislador enmarca la relación entre la objeción y el derecho a ser ayudado a morir, no como un conflicto de valores, sino como un conflicto de derechos, donde ese nuevo derecho (solicitar la muerte), con un anclaje constitucional más que controversial (el del art. 10 respecto a la dignidad), se coloca en un plano superior al de la libertad de conciencia e ideológica. Parece dar por supuesto que la objeción de conciencia es una mera excepción al principio general de sometimiento a la ley, que debe reconocerse en cada caso por un juez o por una ley; de este modo se alinea con una línea constitucional que parece la predominante, obviando otras sentencias del TC, en materia de objeción de conciencia sanitaria, que la consideran como un derecho fundamental íntimamente vinculado a la libertad ideológica del art. 16.

Esta ley, pese a su pretendido garantismo, va a generar más problemas que los que, supuestamente, trata de resolver. En concreto, respecto al ejercicio de la objeción de conciencia, se abren varios interrogantes: ¿quiénes son los médicos que pueden inscribirse? Habla de médico tratante o interviniente: a quién corresponderá practicar la eutanasia o auxiliar al suicidio: ¿al médico de familia? ¿a los que trabajan en intensivos? ¿al médico de una residencia de mayores? ¿Cómo puedes saber, por anticipado, que te va a corresponder a tí, si ignoras las posibles circunstancias que se pueden dar? ¿Cómo vas a manifestar tu objeción anticipadamente y por escrito? No es descabellado suponer que habrá muchas circunstancias de objeción sobrevenida y esa situación no la prevé la ley. ¿Hasta qué punto puede considerarse objetor y obligado a registrarse como tal un profesional que se niegue a practicar la eutanasia por razones exclusivamente profesionales o deontológicas? ¿Se tratará con el mismo rasero a los profesionales de la sanidad pública y a los de la privada, al margen de que estos últimos trabajen en instituciones con un ideario opuesto a la eutanasia? ¿Puede una ley entrar a juzgar la conciencia del médico para “parcelarla” y decir hasta dónde debe objetar y a qué? En este punto, es interesante conocer el punto de vista de la Comisión de Bioética de Andalucía, respecto al contenido de la comunicación de la objeción y de cómo lidiar con los casos de objeción sobrevenida: plantea dos escenarios: el de “una objeción de conciencia absoluta y completa a la prestación de ayuda médica a morir (objeción categórica). O referida sólo a una de las dos modalidades de las prestaciones contempladas en la ley (eutanasia o suicidio médicamente asistido). En este caso debería hacerse constar en un formulario escrito de objeción de conciencia para cualquier tipo de circunstancia de ayuda médica a morir. En segundo lugar, si se enfrenta a un caso determinado cuyas características son moralmente relevantes para él o ella, puede declararse persona objetora en ese momento, aunque antes no lo hubiera hecho. A falta de un desarrollo normativo de la Ley 3/2021, el formulario de objeción de conciencia no debería incluir la exigencia de una justificación acerca del motivo (moral, religioso, deontológico) de la misma. Sería recomendable que contuviera datos nominales y del tipo de adscripción al equipo asistencial y centro sanitario, público o privado, de cada profesional sanitario que objeta[5].

La experiencia de los países donde se practica la eutanasia legalmente, pone de manifiesto una deriva clara hacia mayores restricciones a la objeción de conciencia.

En Bélgica endurecieron por ley en marzo pasado las condiciones para la objeción de conciencia de los médicos y se acortaron plazo y requisitos para solicitar su práctica. La ley belga obliga a un médico que se niega a realizar la eutanasia a «transmitir al paciente los datos de contacto de un centro o asociación especializada en el derecho a la eutanasia». A juicio del propio Consejo de Estado belga, este artículo contraviene la libertad de conciencia de los médicos. Además, obliga a las instituciones de salud a aceptar la práctica de la eutanasia, ya que «ninguna cláusula escrita o no escrita puede impedir que un médico realice la eutanasia en condiciones legales»[6]

Finalmente, entre sus disposiciones, también existe la extensión del período de validez de la declaración anticipada de eutanasia: esta declaración ahora es válida por tiempo ilimitado. Contrariamente a lo permitido por la ley anterior aprobada en 2019, los ciudadanos ya no tendrán la libertad de elegir un período fijo de validez a su declaración.

Para terminar, pienso que ayuda mucho a entender la naturaleza de la objeción de conciencia como derecho, reproducir unas palabras del Tribunal Constitucional de Colombia (país donde está legalizada la eutanasia): «El reconocimiento a la objeción de conciencia se encuentra intrínsecamente relacionado con el derecho a la libertad de conciencia y no se constituye en una evasión al ordenamiento jurídico, sino que, por el contrario, toda sociedad democrática debe estar interesada en el respeto de los derechos individuales de cada uno de los ciudadanos. No se trata de hacer prevalecer el interés de uno o unos pocos frente a muchos o la inmensa mayoría. Es un problema de calidad democrática y respeto a los derechos individuales básicos (…)”[7].

 

 

[1] En el mismo sentido, cfr. Comité Permanente de Médicos Europeos contra la eutanasia (Doc Nº 9898, de 12-sept-2004), dirigida a la Asamblea Parlamentaria del Consejo De Europa https://www.bioeticaweb.com/consejo-de-europa-posicionamiento-del-comitac-permanente-de-macdicos-europeos-contra-la-eutanasia-12-sept-2004/

 

[2] AMM. Declaración Tiflis, sobre eutanasia y suicidio asistido, 2019) https://www.wma.net/es/policies-post/declaracion-sobre-la-eutanasia-y-suicidio-con-ayuda-medica/ En este sentido se expresaba también el Consejo de Europa en su Resolución 1763/2010 http://assembly.coe.int/nw/xml/News/FeaturesManager-View-EN.asp?ID=950

 

[3] Consejo de Colegios Médicos de España. Código de Deontología Médica, 2011. https://www.cgcom.es/codigo_deontologico/files/assets/common/downloads/codigo%20de%20etica.pdf

[4] Conferencia Internacional de Órdenes Médicas. Guía de Ética Médica Europea. Artículo 18.

[5] Comité de Bioética de Andalucía. Informe sobre OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO, abril 2021, pág. 15.

[6] Bélgica: Eutanasia libre, objeción de conciencia restringida, 6 marzo 2020

https://www.bioeticablog.com/belgica-eutanasia-libre-objecion-de-conciencia-restringida/

[7] Tribunal Constitucional de Colombia, Sentencia SU108/16. https://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/SU108-16.htm

 

 

Bibliografía.

1. Informe del Comité Permanente de Médicos Europeos contra la eutanasia (Doc Nº 9898, de 12-sept-2004), dirigida a la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.

2. Declaración Tiflis, sobre eutanasia y suicidio asistido, 2019.

3. Consejo General de Colegios Médicos de España. Código de Deontología Médica, 2011.

4. Conferencia Internacional de Órdenes Médicas. Guía de Ética Médica Europea, 6 de enero de 1987. Artículo 18.

5. Comité de Bioética de Andalucía. Informe sobre OBJECIÓN DE CONCIENCIA EN EUTANASIA Y SUICIDIO ASISTIDO, abril 2021, pág. 15.

6. Bélgica: Eutanasia libre, objeción de conciencia restringida, 6 marzo 2020 bioeticablog.com

7. Tribunal Constitucional de Colombia, Sentencia SU108/16 de 2016.

 

 

 

Cómo citar: Diez-Fernández JA. El tratamiento de la objeción de conciencia en la Ley de la eutanasia. Bioética y Ciencias de la Salud. [internet] Vol. 9 (2) Julio-Diciembre 2021.



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