España, líder mundial en trasplantes, firma el Convenio Internacional de lucha contra el tráfico de órganos del Consejo de Europa

Este convenio es el primer tratado internacional para combatir este tipo de delitos. Su objetivo es prevenir el tráfico de órganos, proteger a las víctimas y fomentar la cooperación nacional e internacional en este ámbito, pues la Organización Mundial de la Salud estima que cada año alrededor de 10.000 trasplantes en el mundo se efectúan bajo alguna forma de comercialización. España fue pionera al incorporar en 2010 en nuestro código penal la compra venta de órganos y el turismo de trasplante con penas de hasta 12 años de cárcel.

Contra el tráfico de órganos, tolerancia cero. Así lo ha manifestado el ministro de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Alfonso Alonso, durante la inauguración de la Conferencia Internacional contra el Tráfico de órganos, que se celebra en Santiago de Compostela coincidiendo con el Día Nacional del Trasplante, organizada por el Consejo de Europa y el Gobierno de España. El objetivo de la conferencia es analizar cómo prevenir y luchar de forma más eficaz contra el tráfico de órganos.

La Conferencia se ha iniciado con la apertura de la firma del Convenio Internacional contra el Tráfico de órganos, promovido por el Consejo de Europa, que han suscrito un total de 14 países, entre ellos España, el país anfitrión.

Nuestro país ha jugado un papel fundamental en la gestación y desarrollo de este Convenio, en una actuación conjunta de los ministerios de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Justicia y Asuntos Exteriores y Cooperación.

Junto con España, hoy también han suscrito este convenio Albania, Austria, Bélgica, Republica Checa, Grecia, Italia, Luxemburgo, Moldavia, Noruega Polonia, Portugal, Reino Unido y Turquía. El tratado pueden firmarlo todos los Estados sean o no miembros del Consejo de Europa

Este convenio es el primer tratado internacional para combatir este tipo de delitos. Supone un paso decisivo en la lucha contra el tráfico de órganos en el mundo. Fue adoptado el 9 de julio 2014 por el Comité de Ministros del Consejo de Europa, que representa a todos los estados miembros. Su objetivo es la prevención y la lucha contra el tráfico de órganos humanos, la protección de las víctimas y el fomento de la cooperación nacional e internacional en este ámbito. Asimismo, ofrece una oportunidad para lograr una acción concertada a nivel mundial mediante la armonización de las legislaciones nacionales

En concreto, el tratado obliga a los estados firmantes a establecer como delito la extracción ilícita de órganos humanos procedentes de donantes vivos o fallecidos y su uso para trasplantes o para otros fines, y otras acciones relacionadas. También contiene medidas encaminadas a asegurar la transparencia de los sistemas nacionales de trasplante de órganos y garantizar un acceso equitativo a los trasplantes de órganos.

El convenio establece también que las Partes habrán de adoptar las medidas legislativas y otras medidas que fueran necesarias para garantizar el acceso a la información, la asistencia y el derecho de compensación a las víctimas.

En cuanto a la prevención del delito, cada Estado deberá asegurar la existencia de un sistema nacional transparente para el trasplante de órganos y el acceso equitativo al trasplante, así como para la recogida, análisis e intercambio de información relativa a los delitos incluidos en el Convenio en cooperación con las autoridades relevantes.

En España las actividades de donación y trasplante están reguladas en nuestro ordenamiento jurídico. En él se pone de manifiesto el carácter gratuito que han de tener las donaciones a partir de personas vivas o fallecidas. La legislación española también establece la obligatoriedad del consentimiento libre, informado y expreso para proceder a la extracción de órganos para trasplante a partir de una persona en vida y los requisitos de consentimiento y autorización para proceder a la extracción de órganos a partir de una persona fallecida.

España ha sido pionero en el mundo en incorporar el tráfico de órganos y el turismo de trasplantes al código penal en 2010. El Código Penal español hace referencia explícita al tráfico de órganos, establece sanciones de hasta 12 años de cárcel y dispone de una serie de artículos destinados a prevenir el delito y a proteger a sus víctimas.

Nuestro país, a través de la ONT, está implicado desde hace tiempo en numerosas iniciativas internacionales para combatir esta nueva forma de esclavitud. Entre otras actuaciones, participó en la redacción de la Declaración de Estambul, un documento de relevancia mundial de lucha contra el tráfico de órganos, promovido y suscrito por las sociedades científicas y organizaciones profesionales de mayor peso internacional en el campo de los trasplantes; también promovió la elaboración de la denominada Resolución de Madrid de la OMS, a través de la que se llama a los gobiernos y profesionales a progresar hacia el logro de la autosuficiencia en trasplantes, como estrategia fundamental para luchar contra la compra-venta de órganos.

En la actualidad, la ONT forma parte del Comité Ejecutivo del Grupo Custodio de la Declaración de Estambul, encargado de velar por el buen cumplimiento de las recomendaciones de la mencionada Declaración.

El tráfico de órganos es un problema de dimensión global que viola los derechos humanos fundamentales como el de la dignidad humana, y supone una grave amenaza para la salud pública. A menudo está vinculado al crimen organizado transnacional, que se aprovecha de la vulnerabilidad de los donantes, y surge en el contexto de la incapacidad de los países para satisfacer a las necesidades de órganos de sus pacientes.

La Organización Mundial de la Salud estima que cada año alrededor de 10.000 trasplantes se llevan cabo de forma clandestina en el mundo.

Asimismo, los expertos analizarán el fenómeno del tráfico de órganos y los delitos cubiertos por el convenio, el perfil de las víctimas y de los autores de este tipo de delitos, las responsabilidades de los profesionales de la salud y las medidas para proteger a las víctimas.

Nota de prensa del Ministerio de Sanidad